¡¡Escándalo en el Supremo‼️ A raíz de las denuncias del juez Fernando Presencia, el propio Marchena ordena que se investigue a sus compañeros.

Jun 10, 2022 | Noticias periodísticas

Marchena

Noticia publicada el 10 de Junio de 2022 por el Periódico digital mpr21: La web más censurada por Google y Twitter

 

Las revelaciones realizadas por una asociación anticorrupción de Talavera de la Reina, en la que publican los números de cuenta y depósitos millonarios en el extranjero de los dos jueces del Tribunal Supremo, ya tienen su principal consecuencia: la investigación al denunciante.

Las publicaciones, que han circulado masiva pero veladamente en multitud de grupos de WhatsApp de jueces y fiscales de toda España, reflejan el saldo contable de dos cuentas, una en Liechtenstein, a nombre de Pablo Llarena y con ingresos por valor de 2 millones de euros, y otra en Luxemburgo, a nombre de Vicente Magro Servet, con 750.000 euros, capitales que lógicamente no aparecen debidamente justificados.

 

Puede leer la noticia en el siguiente enlace:

Marchena ordena una investigación ilegal para contrarrestar las denuncias de corrupción contra Llarena y Magro-Servet

 

 

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3 Comentarios

  1. JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

    OLÉ , OLÉ por el JUEZ PRESENCIA (ACODAP) ,
    HAY QUE DESENMASCARAR A TODA LA CHUSMA CORRUPTA Tanto
    ( POLÍTICA – JUDICIAL ESPAÑOLA ) están todos CORRUPT@S y PREVARICANDO CONTINUAMENTE , CARCEL PARA TODOS POR CANALLAS y TRAIDORES A LO QUE JURARON DEFENDER al EJERCER SUS CARGOS TANTO en POLÍTICA como en la JUDICATURA del ESTADO. ESPAÑOL .

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  2. Asís

    Los zorros cuidando del gallinero. Así nos va a los españoles.

    Responder
  3. casualidades las justas

    El 26 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la unión, que afecta no sólo al sector privado, sino también al sector público.

    Dicha Directiva, que debió ser incorporada a la legislación española como máximo en diciembre del año pasado, sin embargo está todavía en trámite, y por ahora no se esperan grandes avances en esta materia; aunque eso no impide que la protección comunitaria sea invocada en caso de que el Estado Español no haya incorporado la norma a tiempo.

    El art. 19 de dicha directiva es el que prohibe expresamente cualquier clase de represalia a quien denuncie o ponga en conocimiento público hechos que reflejen apariencia de vulneración del derecho de la Unión, y por represalia debemos entender acciones penales en materia de injurias o investigaciones prospectivas respecto a los denunciantes, que es exactamente lo que Marchena pide en su escrito.

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