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ACODAP informa

Acaba de entrar en funcionamiento la Fiscalía Europea contra la Corrupción

Mientras no se desarrollen canales internos de comunicación en cada uno de los Estados miembros, los denunciantes de corrupción podrán trasladar sus denuncias a la Fiscalía Europea a través de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) de dos maneras diferentes:

En línea, a través del Sistema de Notificación de Fraudes (denuncia anónima, con transmisión de documentos por red de conexión segura) https://fns.olaf.europa.eu/

En línea, a través de un formulario web (la denuncia no es anónima, es decir, hay que comunicar el nombre y apellidos y la dirección de correo electrónico; sin posibilidad de transmitir documentos) https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_es

Destacado

DECÁLOGO DEL DENUNCIANTE DE CORRUPCIÓN

Consejos Prácticos de ACODAP

  1. Cuando denuncias la corrupción estas
    ejercitando tu derecho fundamental a
    la libertad de expresión y de
    información.
  2. Como denunciante de corrupción
    puedes elegir el modo de hacer la
    comunicación:

    a.) Anónimamente, utilizando los
    canales internos donde los haya.
    b.)Ante los medios de comunicación.
    c.) Identificándose ante la policía, la
    fiscalía, el CGPJ o el juzgado de
    guardia.
  3. Las represalias están prohibidas.
    Cuando se llevan a cabo abusando de
    los procedimientos administrativos y
    judiciales para impedir u obstaculizar
    las investigaciones mediante la
    interposición de querellas, denuncias o
    demandas contra el
    denunciante/alertador de corrupción,
    podrán ser además constitutivas de
    delito.
  4. Toda denuncia o alerta de corrupción
    que realices debe dar lugar a una
    investigación
    . Ninguna querella,
    denuncia o demanda contra ti como
    denunciante/alertador de corrupción
    podrá tener el efecto de suspender
    esas obligatorias investigaciones.
  5. La interrupción, suspensión,
    paralización, o el archivo de las
    investigaciones de corrupción por
    causa de la interposición de una
    querella, denuncia o demanda contra
    el denunciante/alertador, será
    considerada también como represalia.
  6. El denunciante/alertador que sea
    investigado o procesado por los
    delitos de injurias o calumnias como
    represalia,
    no debe ser obligado a
    demostrar la verdad de sus
    imputaciones. En tal caso, solo tienes
    la carga de justificar tu condición de
    denunciante o alertador de
    corrupción.
  7. Ningún denunciante o alertador
    podrá ser advertido, amenazado,
    sancionado o condenado como
    consecuencia de sus informaciones
    sobre la corrupción.
    Las represalias
    que se lleven a cabo a través de los
    procedimientos judiciales podrán ser
    denunciadas disciplinariamente ante el
    Consejo General del Poder Judicial, o
    incluso en la vía penal.
  8. Quien recuse a los jueces y
    magistrados
    que hayan sido
    denunciados por actos de represalia o
    de corrupción, estará ejercitando el
    derecho fundamental a la tutela
    efectiva y no debe ser penalizado
    .
  9. La Directiva UE de 23 de octubre de
    2019
    relativa a la protección de las
    personas que informen sobre
    infracciones del Derecho de la Unión,
    es de directa aplicación en cuanto a
    los derechos fundamentales
    que
    recoge.
  10. El derecho a la libertad de expresión y
    de información que ejercitas como
    denunciante/alertador de corrupción
    vincula a todos los poderes públicos.
    Los jueces y magistrados están
    obligados a proteger a los
    denunciantes/alertadores
    que sean
    parte en cualquier procedimiento
    judicial
    de acuerdo con lo dispuesto en
    el art. 53.2 de la Constitución
    Española, sin esperar a la transposición
    de la Directiva.
Destacado

¡Organicemos la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil!

La lucha contra la corrupción se ha demostrado insuficiente desde la operativa del Estado.

La «ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA» (ACODAP) es una entidad de ámbito nacional y sin ánimo de lucro.

ACCESO A LOS ESTATUTOS DE ACODAP

ACODAP se constituye contando entre sus fundadores con personas que tienen un amplia experiencia en la lucha contra la corrupción, como es el caso de Fernando Presencia, Prado Salmerón y Fernando Jabonero.

La experiencia de estas personas y de muchas más comprometidas en la lucha contra la corrupción permite concluir que existe una gran inercia en las instituciones en el asunto crucial para la sociedad española del combate contra la corrupción, concluyendo que en la práctica se ha consolidado en toda la estructura del Estado, ante la corrupción, una especie de consigna de «dejar hacer«, «esto ha sido así y es incluso contraproducente combatirlo» y otra del mismo tenor.

Y no sólo eso, sino que, además, a los ciudadanos que se han significado desde la sociedad civil y desde las instituciones en contra de la corrupción se les ha acosado e incluso perseguido, fenómeno conocido como «acoso al denunciante de corrupción» algo propio de un Estado corrompido en un entorno de una sociedad crónica y estructuralmente corrupta.Por ello, a fecha de hoy, salvo contadas excepciones, se puede concluir que estamos en un Estado fallido que ha cedido ante la corrupción.

La corrupción en España se ha convertido ya en un problema endémico. Afecta al funcionamiento de los servicios públicos, y a la percepción que tiene la ciudadanía en general de las instituciones.

La segunda preocupación de los ciudadanos, según los barómetros del CIS, es la corrupción, porque la sufren o porque se han atrevido a denunciarla. El problema es mucho mayor porque afecta inmediatamente a sus derechos y libertades, a su dignidad e incluso a sus condiciones de vida.

Todo el mundo sabe que quien denuncie la corrupción inmediatamente sentirá la angustia de las represalias.

Si quien denuncia es un particular, y lo hace a través de las redes sociales o los medios de comunicación, se arriesga a ser denunciado o querellado por el delito de injurias y calumnias.

Si quien denuncia es una autoridad, funcionario o empleado público, seguramente será, además objeto de acoso si los denunciados son precisamente autoridades o funcionarios encargados de investigar y perseguir la corrupción.

La represalia es una de las manifestaciones de acoso moral, y cuando se ejerce por los mismos que de un modo u otro tienen encomendada la persecución de los delitos y el castigo de los delincuentes, se cierra de golpe la puerta a la transparencia, y también a la justicia.

La transparencia y la información pública es el único modo de combatir con justicia este tipo de corrupción, eliminando el acoso.

Precisamente, el fracaso de los protocolos del sector público para prevenir el acoso se debe a la confidencialidad que se exige a quienes piden ayuda y solicitan las medidas de mediación.

La reserva y el secreto se convierten así en enemigos de los denunciantes y hace impunes a los corruptos.

La «ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA», ACODAP, debe poner el acento en la publicidad de los distintos casos de corrupción, sobre todo si se sospecha de la participación en ella precisamente de las autoridades o funcionarios públicos encargados de promover o instruir las investigaciones criminales.

Cualquier sospecha de una investigación policial, fiscal o judicial, sobre delitos de corrupción está siendo evitada, paralizada o entorpecida, debe ser objeto de atención por parte de la asociación.

La asociación pondrá los medios a su alcance para la construcción de un portal telemático, donde se publicará la información que considere oportuna sobre aquellos asuntos de corrupción en los que resulte imprescindible su divulgación.

Se sospecha que el accidente del helicóptero de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre fue un atentado

Nota de prensa

ACODAP DENUNCIA la tremenda carta del ex fiscal Mena a Zapatero

Zapatero estaba al corriente de los asesinatos pergeñados por el ex fiscal Mena y su banda. Le informó él mismo.

Las notas manuscritas y firmadas que se atribuirían a los ex fiscales Mena y Villarejo dejan claro que Rodríguez Zapatero estaría al corriente de los “encargos” despachados por la trama criminal. A pesar del tiempo transcurrido, nadie ha puesto en duda la veracidad de las notas cuyo contenido transcrito reproducimos a continuación.

Los terribles documentos originales y manuscritos que exponen estos gravísimos hechos han sido debidamente peritados La transcripción exacta que aparece más adelante tiene por objeto facilitar su lectura.

¿Por qué eran manuscritos? se preguntará el lector. La respuesta es sencilla, para que quien los recibía supiera que realmente los escribía quien decía ser. El Mena de los manuscritos era un psicópata, y exigía que le fueran devueltos firmados para confirmar que habían sido inconfundiblemente recibidos por su destinatario.

Los documentos forman parte de un archivo monumental del que resulta que, el entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, sería sospechoso de haber organizado con cargo a los fondos reservados del Estado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL. La trama se habría dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos. La “eficiente” organización se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa que asesinaba por encargo a cambio de precio (lo que se conoce como “sicarios”.)

En ese macro archivo quedan documentados asuntos gravísimos en una enorme montaña de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie. Mena aparece reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España con cargo a los fondos reservados del Estado. Asimismo aparece su lugarteniente, el sargento Rafael García “Ruiz” de la Guardia Civil, que es dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y ejecutor de las órdenes dadas directamente por Mena.

Son precisamente dos de esas cartas manuscritas de Mena las que, según ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, incriminarían directamente al entonces ex presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Mena no tiene el menor empacho en dejar claro en estos documentos que resulta imprescindible que Zapatero les cubra las espaldas.

La primera de las cartas, manuscrita y firmada de puño y letra por el entonces todavía fiscal jefe de Cataluña, fue dirigida directamente a Zapatero, y en ella se reconocería entre otras barbaridades que el accidente del helicóptero de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre (y Esteban Parro) fue en realidad un atentado.

Seguidamente reproducimos su contenido íntegro:

“Presidente

Soy José María Mena y aunque no nos conocemos personalmente, hemos establecido contacto en varias ocasiones por causas diversas, hallando siempre en Ud. una mano tendida, lo que es de agradecer dado su rango político.

Sin embargo, y aunque nunca he tenido queja de su respuesta en las cuestiones que he podido plantearle, lo cierto es que como tampoco Vd. puede tener queja de mí y de mis hombres, en esta ocasión, ante la inminencia de mi jubilación, necesito más que nunca su colaboración y su mediación ante quien o quienes sea preciso para que una mosca cojo… de nombre Alberto Royuela (los dos sabemos de su fijación por mi persona y las perniciosas consecuencias que podría acarrearle a su partido si alguien llegará a hacer caso de sus denuncias) no pueda influir para nada en las instancias a las que acuda en busca de apoyo legal por un lado y cobertura mediática por otro.

Ambos sabemos que eso sería desastroso para nuestros intereses por cuanto a mi me afectaría directamente tanto desde un punto de vista profesional tras dilatados años de carrera como judicial y a Vd. como presidente del partido que gobierna y aspira a seguir haciéndolo en la próxima legislatura, por cuanto sus denuncias supondrían un total descredito para el PSOE y pondrían en serio peligro su continuidad al frente del ejecutivo.

Los dos sabemos, pues, que es preciso redoblar el esfuerzo y conseguir que nadie preste atención a las denuncias de ese loco fascista, neutralizando también con ello a su íntimo colaborador, un tal Juan Martínez Grasa, un periodista que a decir verdad no sé qué pinta al lado de Alberto Royuela pues sus artículos y tinte marcadamente izquierdista, relacionándole, a raíz de su detención en 1996, con la estructura de los GAL y la asesoría de un conocido ministro de su partido.

Y si bien los dos, tanto por separado como individualmente, cada uno en su parcela, han dado muestras de su peligrosidad, quien más me preocupa, como ya he dicho, porque lo considero una de las bestias más vengativas de este país, e incido en lo de bestia en todos los sentidos, es Alberto Royuela.

En cierta medida entiendo su virulencia por la muerte de uno de sus hijos, Javier, en la que no tuve nada que ver directamente pero que tuve que tapar por razones obvias, al estar implicados miembros del equipo que trabajaba para mí. Pero puedo entenderle, pero de ahí a permitir que su cruzada llegue a buen puerto va un abismo. Se ha pasado de la raya, ha cruzado todos los límites y, como no he podido pararlo mientras tenía poder y medios para ello-y le garantizo que lo he intentado en varias ocasiones- ahora que tengo la jubilación encima y no podré manejar los hilos como quisiera, necesito de todo su apoyo y confío en obtenerlo.

Soy consciente de que he cometido un buen número de eliminaciones que no serían comprendidas por la opinión pública ni por la profesión a la que he dedicado tantos años de mi vida. Pero gracias a mis decisiones el país se ha librado de cientos de delincuentes que, de no ser por mí, hoy estarían delinquiendo libremente por las calles, y también gracias a mí, no lo olvide, su partido y Vd. están hoy donde están porque les he resuelto más de un problema de la forma más expeditiva. Prueba de ello es la desaparición física de líderes sociales que amenazaban su política educativa, militares que podían poner patas arriba el estado democrático, algún que otro periodista incomodo….

Concluyendo, las eliminaciones por encargo de sus hombres pueden contarse por decenas. Cierto que se falló con el tema del helicóptero, pero, admitámoslo, la perfección no existe.

De ahí que me tome la libertad, quid pro quo, de dirigirme a Ud. para pedirle que mueva lo que tenga que mover para que cualquier intento de Royuela y su banda de divulgar su mensaje no encuentre acomodo en ninguna instancia judicial ni en ningún medio de comunicación. Y sé que pondrá empeño en que ello sea así porque el efecto dominó no es bueno para ninguno de los dos, ni para Ud. ni para mí.

Saludos

José Mª Mena Álvarez

En la segunda carta, dirigida esta vez al entonces fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para que se entrevistara con Zapatero, se mencionan expresamente las fosas comunes (“chalés” en la jerga de Mena) en la que serían enterrados los casi 400 sicarios (“inquilinos”) que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes (“eliminaciones”) que se describen en miles de manuscritos:

Carlos

Te dije hace unos días que ya le había enviado a Zapatero la carta en los términos que me dijiste, exponiéndole la situación en que iba a quedar todo por aquí después de mí jubilación que, como sabemos, está a la vuelta de la esquina.

Más o menos se lo expuse con toda crudeza, pero no le mencioné nada sobre los chalets de (localidad 1, localidad 2) y Mequinenza. Y ahí podemos tener un grave problema si no lo dejamos todo bien atado.

Y aunque Ruiz asegura que todo se hizo correctamente y es del todo improbable que puedan surgir contratiempos, ambos sabemos que el tiempo es experto en procurar traiciones.

Pero como yo ya me dirigí a él hace unos días, creo sinceramente que lo más acertado, dada la importancia del asunto, es que seas tú quien contacte con Zapatero en esta ocasión para exponerle el tema de las fosas y de todo lo que contienen.

En este caso creo que hacer prevalecer tu rango en la interlocución es lo más acertado.

Sé que si Zapatero mueve los hilos el tema jamás verá la luz.

Dile a Ruiz lo que piensas y devuélveme la nota, por favor.

CONCLUSIÓN

En la colección de misivas quedaría manifiestamente clara la enorme preocupación y empeño de Mena por conseguir las complicidad, protección y colaboración del entonces mandamás del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo silencio le involucraría directamente en los crímenes de Mena. Es por tanto el ex-presidente del gobierno quien debe aclarar este obscuro asunto. Por ello que ACODAP no le queda otra opción que denunciar públicamente estos graves asuntos. No siendo Zapatero ya aforado, y dada la gravedad de las pruebas manuscritas, esta denuncia obliga a la Justicia a investigar a fondo. No les queda otra opción, a la luz de lo que ordena la Directiva UE 2019/1937 sobre informantes de infracciones del Derecho de la Unión.

ACODAP EXIGE LA INMEDIATA E IRREVOCABLE DIMISIÓN DE LESMES

Nota de Prensa

La clase política le jalea y/o le tolera. Por eso Lesmes lleva más de 2 años “okupando” de forma ilegal el cargo de presidente del CGPJ recurriendo a una perversa treta.

Si Lesmes hubiese dimitido, qué es lo que procedía (Dimisión Irrevocable), hubiera provocado un nuevo lógico y necesario nombramiento del CGPJ. Sin embargo se ha mantenido en el puesto, perturbando y bloqueando la sustitución, en un claramente supuesto fraude de ley. Ello implica la nulidad de actuaciones y la nulidad de todos los procesos en donde hayan intervenido el CGPJ y los restantes magistrados que debieron dimitir de sus plazas por prescripción de sus nombramientos, incluyendo a su protegido Vicente Rouco en el TSJCLM

Eso se les debe comunicar de forma pública y de forma fehaciente, para que queden con nalgas expuestas al viento, mientras es deber denunciarlos dentro y fuera de España. Recordemos que Milosevic acabó como interno en una cárcel de Holanda.

ACODAP investiga el secuestro de una mujer en Toledo, probablemente dirigido por Vicente Rouco

Aparenta ser similar al que se perpetró contra un periodista del equipo de la misma asociación contra la corrupción. Grave asunto.

Anoche circulaban profusamente por las redes sociales varios audios escalofriantes y un vídeo en el que una angustiada mujer describía en directo como se la llevaron varios uniformados armados que se presentaron en su domicilio, y se negaron a identificarse ante su requerimiento. La ley les obliga a identificarse si así se lo exige el interesado. Según se escucha, se la habrían llevado en una ambulancia.

La desesperada mujer continúa relatando que la presentaban una providencia sin firma. Sigue relatando que poco después aparecieron otros personajes, que tampoco se identificaron, mostrando nuevos papeles sin que se viese quien los pudiera firmar.

Cualquier resolución judicial debe entregarse debidamente cumplimentada y firmada, otorgando a quien la recibe el derecho a realizar sus pertinentes alegaciones, cosa que parece ser en este caso no se ha cumplido. De ahí que la asociación presidida por el juez Fernando Presencia continúe investigando con objeto de presentar denuncia a la luz de los posibles hechos delictivos. Pues una Providencia no sirve para detener a nadie, debería ser un Auto firmado.

Desconocemos si la señora dispone de asistencia letrada, como es obligatorio en cualquier detención, pues la Constitución solo recoge dos posibles estados: Detenido o en libertad, todo lo demás es irregular.

Page tiene que dar obligatoriamente la cara, porque parece ser que la han ingresado en un hospital dependiente de la Consejería de Sanidad, el Hospital de Toledo. Este es el mensaje que está circulando por las redes: “La han trasladado aquí: 925259350 hospital provincial de Toledo (psiquiatra) preguntar por «Sonia Rodriguez Madridejos Gonzalez de la Higuera» (así de largo es el nombre). Debemos llamar en avalancha preguntando por ella para que sepan que hay mucha gente detrás.”

El presidente ACODAP y muchos de sus socios tienen el pleno y personal convencimiento de que tras este nuevo abuso se encontraría la maniática psicopatía de Vicente Rouco, presidente interino y con mandato caducado del TSJCLM, que imparte sus órdenes dictatoriales desde Albacete.

Este caso recuerda mucho al que ACODAP ha denunciado repetidamente por el secuestro y narcotización de un periodista denunciante de corrupción, integrante de la asociación, sucedido en mayo de 2019 y que nadie quiere investigar. De momento han sido denunciadas juezas, una siquiatra y el Hospital Universitario de Guadalajara.

Vicente Rouco, haciendo gala de su conocida psicopatía, dispuesto a desalojar ilegalmente de su vivienda al periodista de ACODAP

Un empleado de un fondo buitre filtra que el desalojo contra el periodista está “amañado” y reconoce en una conversación telefónica con el juez Presencia que: “trabaja para el juzgado”. La conversación está grabada.

ACODAP denuncia públicamente que Vicente Rouco y sus secuaces pretenden el lanzamiento ilegal del periodista denunciante de corrupción, Alex Diges, para arrebatarle su domicilio como nueva y grave represalia contra él.

Rouco se ha confabulado con los juzgados de Guadalajara, saltándose toda legalidad vigente y amañando procedimientos judiciales simulados con el fin de dar rienda suelta a su demostrada psicopatía.

Desde hace tiempo viene enviando a sujetos que se hacen pasar por “empleados del juzgado” con objetivo de coaccionar al periodista, para que abandone voluntariamente la vivienda sabiendo que la sentencia que ordena el desalojo es ilegal y constitutiva de un presunto delito de prevaricación. La mujer de Alex Diges, que vive y está empadronada en el mismo domicilio, no fue parte en el procedimiento de desahucio, y por tanto no fue condenada.

Un empleado de un fondo buitre filtra que el desahucio contra el periodista está “amañado” y reconoce en una conversación telefónica con el juez Presencia que: “trabaja para el juzgado”. El desalojo se iba a producir hoy mismo. La conversación está grabada.

En acosos anteriores el mismo fulano no ha tenido el menor empacho en dejar sus datos con un papelito fotocopiado colgado en la puerta de la vivienda:

Tessi diagonal

Avda. De los Rosales, 42 –puerta 2, plta 1ª
28001 Madrid

Telf.: 915.479.244 ext 52283.

Movil 678 06 06 15

Esta es una locura que ACODAP se ha empleado en detener. Es una barbaridad plagada de delitos, que además contradice frontalmente la Directiva UE 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que prohíbe las represalias.

Una usurpadora se hace pasar por jueza para dictar una resolución ilegal contra el juez Presencia, de acuerdo con una denuncia que acaba de presentar ACODAP

Nota de prensa ACODAP denuncia a María del Carmen Pozuelo Sánchez, la “jueza okupa” de la trama “Talavera-Guadalajara Connection”. Un gravísimo asunto

¿De dónde ha salido esa Señora? La mujer se habría aprovechado de que el titular del juzgado, el propio juez Presencia, está siendo represaliado y que la persona que ocupaba provisionalmente su despacho se habría dejado la puerta abierta.

Escándalo servido. Estalla estrepitosamente cuando ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, recibe una extraña resolución firmada por una tal “María del Carmen Pozuelo Sánchez”, en la que ella se atreve a corregir y desobedecer la orden que dio la Audiencia Provincial de Madrid para que se investigue el escándalo de los sobornos entorno al chalet ilegal del fiscal decano de la Ciudad de la Cerámica, Demetrio de la Cruz Andrade, en que igualmente está muy implicada la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Sin embargo, la desconocida, por el contrario ordena de manera absolutamente chapucera el archivo de las actuaciones !!!

Como indica el escrito de denuncia, en el BOE no consta ningún nombramiento de la mentada “Pozuelo Sánchez” para los años 2020 y 2021, ni siquiera como jueza sustituta. Tampoco aparece en el Portal de Transparencia ningún acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justica de Castilla-La Mancha ratificando su improbable nombramiento.

Entonces, ¿De dónde ha salido esta Señora? Por lo visto, esta mujer se habría aprovechado de que el titular del juzgado mixto nº 2 de la Ciudad de la Cerámica , el juez Presencia, está siendo represaliado y que la persona que ocupaba provisionalmente su despacho, Alfonso Gómez Rodríguez, se habría dejado la puerta abierta cuando en diciembre de 2020 huyó despavorido de Talavera de la Reina.

La asociación denunciante sospecha que la fiscalía de Talavera y el propio decano de los fiscales podrían tener algo (o mucho) que ver con la usurpación del despacho del juez Presencia, teniendo en cuenta que el principal favorecido por la esperpéntica resolución de archivo del asunto de los sobornos, en torno a la construcción de su chalet ilegal, es el mismísimo Demetrio. El apaño huele a distancia.

En el escrito de ACODAP también se apunta a la posibilidad de que la orden de usurpar el despacho del juez Presencia provenga muy probablemente del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco Rodríguez, sobre todo si tenemos en cuenta la terrible humillación que ha recibido recientemente el soberbio personaje nada menos que de la propia Audiencia de Toledo, que acaba de absolver al ex juez decano de la Ciudad de la Cerámica del supuesto delito de calumnias por el que Rouco le denunció.

La presunta psicopatía de Vicente Rouco se encuentra tras todo el embrollo

La obsesión patológica de Rouco contra el juez Presencia viene de lejos y ha sido proverbial. De ello han dado cuenta detallada y continua los medios de comunicación. De hecho ACODAP llegó a pedir al Consejo General del Poder Judicial – en dos ocasiones distintas- la aplicación del Protocolo de actuación frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial (aprobado porel Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2016). ACODAP incluso pidió que se declarara la jubilación anticipada de Vicente Rouco Rodríguez, porque – según argumenta la asociación denunciante– el presidente del TSJCLM podría estar sufriendo “una incapacidad para el ejercicio de sus funciones judiciales ante los signos evidentes de lo que parece que se trata de una psicopatía aún no diagnosticada”.

Así las cosas, la denuncia que ahora se presenta en el juzgado de guardia de Talavera de la Reina recuerda que esta misma asociación denunció a Rouco porque sospechaba que también estaría tras las represalias a un periodista denunciante de corrupción y socio de ACODAP, Alex Diges, que fue detenido ilegalmente y posteriormente ingresado y narcotizado contra su voluntad (lo que constituiría además un delito de torturas del art. 174 CP) durante más de una semana en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara, bajo un diagnóstico aparentemente falso emitido por un médico forense no identificado.

Ningún juzgado se responsabilizó del referido internamiento (privación ilegal de libertad) porque al parecer el procedimiento fue “declarado secreto” por órdenes directas del presidente del Tribunal Superior de Justicia, con instrucciones de no notificar al interesado ni una sola resolución que pudiese recurrir.

Se da la circunstancia de que durante los ocho días que duró el ilegal internamiento (que no se acoge a normativa alguna) el “paciente involuntario” permaneció absolutamente incomunicado y sin asistencia letrada con base en una orden judicial que nunca se notificó personalmente, y además con reserva y advertencia a los profesionales médicos de mantener en secreto las motivaciones de dicho acuerdo.

Todas estas delictivas actividades sugieren en opinión de ACODAP “que quien es capaz de ordenar la detención, el ingreso psiquiátrico, o el intento de incapacitar a un periodista denunciante de corrupción solamente para restar verosimilitud a sus denuncias, está reflejando tal grado de crueldad e injusticia en sus actos y al mismo tiempo tal falta de empatía para con los demás, que lo único que demuestra es su absoluta inidoneidad para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, menos para gestionar desde dentro los intereses de un Tribunal Superior de Justicia”.

En la denuncia que ahora se ha presentado ante el juzgado de guardia de la Ciudad de la Cerámica se acusa a quien está firmando las resoluciones del juzgado mixto nº 2 de Talavera de la Reina bajo la identidad de la tal “María del Carmen Pozuelo Sánchez”, de los supuestos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad en documento público y oficial, y se solicita que “se ordene su detención inaplazable e inmediata”.

Admitida la denuncia de ACODAP contra cuatro juezas y un Padrino por formar parte de una trama criminal.

Nota de Prensa

Detrás de todo el entramado se encuentran la mafia alcarreña del ladrillo, unos cuantos políticos locales y una conocida entidad financiera a la que regalaron los activos y pasivos de la quebrada “Caja de Guadalajara”. Para consumar la estafa hicieron pasar por falsos “okupas” a los legítimos propietarios de viviendas VPO para así despojarles ilegítimamente de sus casas mediante un cruel amaño. El banco pretende haber vendido, con la connivencia y complicidad de las juezas, un inmueble que nunca le ha pertenecido. Este fraude está asociado con el grave escándalo de las “titulizaciones”. Hay más implicados que serán denunciados si no los saca la investigación judicial.

El Decanato de Guadalajara ha informado al Juez Fernando Presencia, líder de la Asociación contra la Corrupción, que acaba de remitir la denuncia “al Juzgado de Instrucción nº 3 al encontrarse este en funciones de guardia.”

Tres de las juezas ya fueron denunciadas por ACODAP. La cuarta es la magistrada Aranzazu Moreno Santamaria, quien se encargó de darles protección archivando inexplicablemente con inusitada celeridad, por las buenas, la denuncia sin siquiera investigarla como ordenan los artículos 12 y 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su obligación era realizar las primeras diligencias para determinar si existen responsabilidades de las “aforadas” y, después sugerir la querella, pero nunca al revés.

En esta nueva denuncia se incluye a Luis Padrino Martínez, el polémico alcalde de Almoguera (Guadalajara), organizador y cabecilla de la macroestafa, quien arrasó el monte consorciado GU 3149 para dar un pelotazo urbanístico. En este enlace de “ACODAP noticias en Youtube”, se explica brevemente la situación: https://www.youtube.com/watch?v=JvPPkBmUliA

ACODAP pidió en aquella ocasión la orden de detención contra una magistrada al tiempo que denunciaba una trama de corrupción inmobiliaria en el seno de los juzgados de Guadalajara. La denuncia manifestaba que se estaría camuflando un fraude inmobiliario a través de estafas procesales que tratarían como “okupas” a sus originales propietarios, buscando lanzarlos ilegalmente de sus domicilios mediante procedimientos “amañados” de desahucio por precario.

Vender parcelas en un monte es una estafa. Si bien el suelo público dispone de un sistema para su posible privatización. Un Ayuntamiento no puede privatizarlo por ser el monte y bien comunal. Luis Padrino Martínez lo ha hecho. Arrasó, deforestó y parceló un monte que está consorciado hasta 2068. Lo acometió impunemente con la anuencia de Bono, Barreda y Page. Después levantó allí mismo varias urbanizaciones de adosados VPO y una inmensa plaza de toros que ocupa suelo rústico no urbanizable, cometiendo un delito medioambiental de consecuencias devastadoras y perjuicios incalculables. Uno de los estafados fue el periodista Alex Diges, socio de ACODAP y colaborador habitual del gabinete de prensa.

La “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública” formuló denuncia ante el juzgado de guardia, para prevenir la causa, contra tres magistradas de Guadalajara: Susana Fuertes Escribano, Noemi Mañueco Boto y Cristina Vicenta Guerra Pérez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el escrito de denuncia se ha pedido además orden de detención contra la primera de ellas.

Tras años de investigación, el periodista Alex Diges, que había comprado uno de esos adosados promocionados por el ayuntamiento de Almoguera, puso los tremendos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Asimismo denunció ante los juzgados de Guadalajara, insistiendo en la estafa que se estaba cometiendo unida a los graves delitos medioambientales que llevaba aparejados.

Como todo el mundo sabe, los montes son “demanios públicos” y por tanto no pueden ser traspasados a sociedades o personas (ni a fondos buitre). Sin embargo el mencionado y controvertido Luis Padrino, alcalde de Almoguera, amparado por el silencio cómplice de sus amiguetes de la Junta de Castilla La Mancha, parceló y vendió el monte consorciado GU-3149 adjudicando parcelas y VPOs (verdaderas carcasas sin cimientos) a dedo, graciosamente, a capricho suyo.

Las licencias de obra y primera ocupación son ilegales al estar firmadas por una arquitecta “honorífica” que usurpó funciones de autoridad reservadas exclusivamente a los funcionarios de carrera. Los contratos hipotecarios fueron impuestos tal cual por la extinta Caja de Guadalajara, siendo nulos por “vicio de consentimiento”, pues nunca dijeron a los compradores que se trataba de VPOs ilegales levantadas en monte público. El vendedor nunca mencionó los Derechos Reales previos existentes a favor de la Junta de Castilla La Mancha. Tampoco los han hecho figurar en el registro de la propiedad como es su obligación. Claro queda esta primera parte del gran fraude.

Tras pasar la entidad financiera pública alcarreña de mano en mano por motivo de su sospechosa quiebra, la Caja de Guadalajara fue finalmente regalada a Caixabank junto con sus activos y la valiosa cartera de clientes. Esta turbia entidad “vendió” rápidamente las hipotecas titulizadas a fondos buitre afines, como Servihabitat, Building Center y Coral Homes.

Por otro lado, la entonces titular del juzgado de instrucción nº 1 de Guadalajara, Noemi Mañueco, en un exceso de chulería amenazó al periodista denunciante (“se le apercibe personalmente”, escribió) con acusarle de desobediencia si presentaba nuevos escritos en el juzgado. Envió al domicilio del periodista al juez de paz de Mondejar junto con su ayudante para amenazarle y coaccionarle exhibiendo el escrito de esa jueza, a la que se debe acusar y recusar. Tan cierto como increíble. La actual titular de ese juzgado, Cristina Vicenta Guerra Pérez, continúa en la misma línea y tampoco le permite personarse a pesar de ser víctima de la estafa.

Por su parte, la titular del juzgado de primera instancia nº 3, Susana Fuertes, cooperó con la organización de esa gran estafa inmobiliaria represaliando también a Diges. Para ello, dice ACODAP que “le quitó la propiedad, y luego sometió al periodista a un juicio amañado por precario como si se tratara de un okupa, pasando por alto que existía un contrato hipotecario, un asiento registral, una licencia de primera ocupación, y un certificado de empadronamiento en ese domicilio desde hace 17 años”.

Corren la voz de que se pretende llevar a cabo el lanzamiento fraudulento en plena pandemia, pasándose por el forro el Decreto Ley que lo prohíbe, a pesar de que la esposa del periodista, que también está empadronada en el mismo domicilio, no ha sido parte en ese juicio amañado, ni por supuesto ha sido condenada a ningún desalojo. El contrato fraudulento es solo un escrito de adhesión cuyas cláusulas son todas nulas y se trata de “cosa no juzgada”.

“En tal supuesta sentencia mienten. Nunca asistí a la vista como afirma tendenciosamente la jueza de primera instancia del nº3. Tampoco autoricé a nadie para que en mi nombre dirigiera escrito alguno al juzgado. Han falseado el contenido, ni siquiera se menciona quién fue mi supuesto abogado, si es que lo hubo”, afirma indignado Alex Diges. “Es una enorme estafa procesal e inmobiliaria plagada de simulaciones, connivencias, embustes y prevaricaciones.”

La denuncia termina pidiendo que se requiera a los juzgados los respectivos expedientes, así como que se ordene la detención de la jueza Susana Fuertes Escribano al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Lecrim y cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 398 de la LOPJ. De la misma manera se solicita la suspensión de cualquier medida de ejecución de la sentencia “amañada” de desahucio, paralizando el lanzamiento que en su caso se hubiera acordado.

ACODAP denuncia que el ejecutivo envía fuera de España a una jueza implicada en una trama de sobornos buscando protegerla

NOTA DE PRENSA

El gobierno se quita de encima una incómoda rémora.

Acaban de salir a la luz pública unos documentos donde se pone de manifiesto que la jueza Elisabet Castelló Fontova se habría dejado sobornar para “amañar” varios procedimientos judiciales siendo titular del juzgado de instrucción nº 33 de Barcelona. El Consejo de Ministros no ha tenido el menor reparo en nombrarla asistente del magistrado José de la Mata, que es miembro del organismo “Eurojust” en La Haya.

Estalla la bomba de relojería a partir de unos vídeos publicados en el pasado mes de junio en un canal de la plataforma Youtube. Su asombroso contenido relata de forma sobrecogedora como una denuncia anónima alertaba hace doce años de una trama de sobornos existente en los juzgados de Barcelona y en la mismísima fiscalía. Aquello provocó la apertura de las “Indeterminadas 1/2009” del TSJ de Cataluña.

Una de las investigadas fue la jueza Elisabet Castelló Fontova siendo titular del juzgado de instrucción nº 33 de la capital catalana. Mediante esas diligencias se citaría también a declarar a prácticamente la plantilla completa (toda) del instituto de medicina legal de Cataluña. Todos ellos citados como involucrados en el “amaño” de centenares de informes de autopsia. De ahí el sobrenombre que recibiría en algunos foros su ya famoso director, Josep Arimany Manso, apodado el “Mengele español”. En esas investigaciones también quedarían muy comprometidos los intereses del PSOE de aquella época.

El asunto casi olvidado ha vuelto a reactivarse cuando al forense “Mengele autóctono” no se le ha ocurrido más brillante idea que denunciar al autor de los videos de Youtube en julio del año pasado, escudándose en un muy discutible delito de calumnias.

Para más inri, probablemente por causa de otro “amaño” de la fiscalía involucrando esta vez al Decanato, es nuevamente instrucción nº 33 el juzgado de Barcelona al que le ha correspondido sospechosa y casualmente la denuncia.

Es entonces cuando la jueza Castelló Fontova, cabe sospechar, habría entrado en modo pánico y habría exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que la sacaran del embrollo y el país, si bien conservando sus derechos como jueza a cambio de no “cantar la Traviata en arameo”.

Sea como fuere, lo cierto es que el BOE del día 3 de febrero ha publicado que “el Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de febrero de 2021, ha nombrado asistente del miembro nacional de España en Eurojust a doña Elisabet Castelló Fontova por plazo de cinco años, fijando su lugar de trabajo en La Haya”.

Lo más escandaloso de todo este turbio asunto es que, para luchar contra el crimen organizado (una de las funciones del Eurojust), se haya nombrado a una persona sospechosa de haberse beneficiado de una trama de sobornos aún sin aclarar, en la que estarían implicados miembros de la fiscalía -al igual que la plantilla completa del “Instituto de medicina legal de Cataluña”- como involucrados en el “amaño” de centenares informes de autopsia. Al parecer estarían igualmente comprometidos en el asunto los intereses del partido político mayoritario en el actual Gobierno de España.

Para resumirlo, este oportuno y conveniente nombramiento es lo más similar a contratar como bombero a un pirómano ¿Qué fuegos va a apagar?

Admitida a trámite la denuncia de ACODAP contra la banda criminal que ha saqueado las empresas concursadas del locutor deportivo Julio Insa

Nota de Prensa

El juzgado de instrucción nº 4 de Valencia ha incoado con fecha del pasado 13 de enero las Diligencias Previas 66/2021, donde se investigará el saqueo de las empresas concursadas Patrimonial Espacial 47 S.L.”, Ingrade S.L.” y “Freepublic S.L.”

Insa, socio de ACODAP, había denunciado esa trama en infinidad de ocasiones en el juzgado de guardia y en la fiscalía, así como en los propios juzgados de lo mercantil. Igualmente había llevado sus quejas al colegio de abogados y al decanato de los juzgados de Valencia. Para su desesperación, ninguno de ellos le hizo el menor caso. No entendía el porqué de tanto desatino. También lo ha venido denunciado públicamente a través de los medios de comunicación, incluyendo a sus programas de radio y televisión, acogiéndose al amparo que le otorga la Directiva Europea que protege a los denunciantes de corrupción.

ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por Fernando Presencia, el ex juez decano de Talavera de la Reina, ha denunciado en el juzgado de guardia indiscutibles evidencias de la existencia de “una banda de perfil claramente criminal que se dedica a amañar concursos de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Valencia. La banda es tan “profesional” que tiene constituida una S.L. (Sociedad Limitada mercantil) que utiliza para la operativa de sus delictivos manejos. Es una empresa empleada como tapadera de sus fraudes.”

La citada sociedad pantalla, constituida al efecto, se denomina (razón social) “Barbeta y Jover Concursales S.L.” y su objeto social (no se andan con disimulo) consiste en: “el asesoramiento, preparación, documentación, preparación de solicitudes de declaraciones de concurso de los clientes, y presentación de las mismas en su representación. Y el ejercicio del cargo de administrador concursal”.

La denuncia resalta que: “En principio el objeto social de la mercantil denunciada podría parecer normal si no fuera por un detalle, y es que lo que se pretendía realmente era que, una vez se presentaban las solicitudes de concurso en nombre de sus clientes, los denunciados debían perseguir también que se les nombrara como administradores concursales, lo que no solo está prohibido por la Ley Concursal (art. 65.1 TRLC), sino que además constituye un delito de corrupción en los negocios castigado en el artículo 286 bis del Código Penal”.

Esto que aparece puntualizado en el anterior párrafo es precisamente el escenario que se materializó en el caso de Julio Insa. El abogado ahora denunciado, Francisco Javier Jover Sáez, decidió urdir la trama delictiva cuando el juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia le nombró administrador concursal de una pequeña empresa perteneciente a este locutor deportivo damnificado (“Patrimonial Espacial, 47 S.L.”) que prácticamente no tenía activos (bienes) en su balance. El avispado abogado carente de la mínima integridad personal ni profesional comprobó que el grueso del patrimonio inmobiliario del periodista estaba repartido entre dos empresas más. Unas sociedades limitadas que hasta ese momento no estaban en concurso de acreedores (quiebra en jerga popular). Eran las mercantiles “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”

El administrador concursal Jover convenció a Insa mediante engaños para que fuera su cliente. A renglón seguido le presentó a quien debía ser su “asesor financiero y económico”, Francisco Javier Barbeta Rubio, el segundo de los denunciados. En este entramado Barbeta debía ser contratado a través de su empresa “Centifec, S.L.”, la misma que recibiría los pagos.

Con objetivo de repartirse los pagos a escote llegado el momento de pillar la pasta, Jover y Barbeta constituyeron su empresita “Barbeta y Jover Concursales, S.L.”. Más tarde la parejita de tunantes presentaría los concursos voluntarios (y nunca necesarios) de “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”, utilizando para hacerlo la firma de un testaferro, que era la abogada ya fallecida Yolanda Hernández Boluda.

Según lo que habían planeado entre ellos, los concursos voluntarios se unieron y acumularon al que ya se estaba tramitando en el juzgado Mercantil nº 3 de Valencia, con Jover como único administrador concursal. Entonces el abogado infiel ralentizó el procedimiento mientras los socios amañadores y fuleros se apropiaban de los alquileres y las rentas procedentes de los bienes del concurso, incluyendo hasta del coche del periodista.

La anormal y embaucadora situación se prolongó durante cuatro años hasta que Julio Insa fue consciente del engaño y en 2016 contrató a un nuevo abogado. Entonces denunció a Jover y Barbeta en el juzgado de guardia.

A raíz de esa denuncia comenzaron a llegarle las represalias. En los cinco meses siguientes a la presentación de la denuncia Jover formuló, contra los intereses del locutor de radio y televisión, trece procedimientos incidentales y cuatro querellas criminales. Todas ellas fueron indefectiblemente archivadas.

De extraordinaria gravedad es la maquinación incluida en el informe del concurso sobre las sociedades. El administrador concursal propuso que se calificara como culpable al locutor deportivo. Gravísimo asunto teniendo en cuenta que quien preparó la documentación de esos concursos fue el propio Jover.

Lo más preocupante en estos momentos es la situación provocada por las subastas de los inmuebles en los que el periodista lleva a cabo su actividad profesional. En ellos tiene también su domicilio familiar. Los letrados de Julio Insa deben conseguir que sea expulsado de los juzgados de lo Mercantil el iracundo administrador concursal y paralizar unas subastas que más tarde o más temprano deberán anularse. La situación personal y profesional a la que están sometiendo al periodista pudiera resultar francamente dramática.

“Es evidente – dice la denuncia– que el administrador concursal Francisco Javier Jover Sáez está dispuesto a dejar sin vivienda y sin trabajo a quien previamente le denunció por corrupción, represalia que está expresamente prohibido por la DIRECTIVA (UE) 2019/1937”.

Hay que tener en cuenta que la Directiva de la UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, entró en vigor el pasado 17 de diciembre de 2019 y prohíbe todo tipo de represalias a los denunciantes y alertadores de corrupción. Además obliga a los poderes públicos a la investigación de todos los delitos denunciados.

ACODAP termina pidiendo en su denuncia dirigida al juzgado de guardia de Valencia que se ordenara la detención inmediata de Jover, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados, que podrían ser constitutivos de un “delito continuado de corrupción en los negocios castigado en el artículo 286 bis del Código Penal, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos cometidos por administrador concursal, administración desleal, falsedad en documento público y de comercio, y tráfico de influencias”. Para la sociedad “Barbeta y Jover Concursales S.L.” se pedía en el escrito como medida cautelar la suspensión de sus funciones “hasta tanto se acuerde lo necesario sobre ella en resolución definitiva y firme dictada en el correspondiente procedimiento penal”.

La gran noticia es que el juzgado de instrucción nº 4 de Valencia ha incoado las Diligencias Previas 66/2021 con fecha del pasado 13 de enero donde se investigará el saqueo de las empresas concursadas “Patrimonial Espacial 47 S.L.”, “Ingrade, S.L.” y “Freepublic, S.L.”.

Seguiremos informando sobre los avances de esta denuncia.

La banda criminal del ex fiscal Mena sigue actuando en la fiscalía, los juzgados y Tribunal Supremo. ACODAP lo investiga y denuncia.

El ex policía nacional José Antonio Serrano Balaguer descubre hace tan solo unos días que el calvario judicial que le tocó vivir no fue ningún error judicial. Se trató de uno de los muchos “amaños” criminales del fiscal maniaco corruptor Mena, que decidió agradar a un amiguete que era precisamente el jefe de un mando que se la tenía jurada al infortunado policía. Le calzaron seis años en prisión por un rosario de delitos inventados que nunca cometió.

El desencadenante parte de un simple rifirrafe que tuvo el policía Serrano con un mando borrachín y rencoroso, de nombre Benjamín Blanco Blanco. Pero la mala suerte quiso que el jefe de este elemento fuera amigo íntimo del entonces fiscal jefe de Cataluña, el presumible psicópata y asesino en serie José María Mena Álvarez, que colocó a Serrano en la lista de personas a escarmentar.

La inexplicable persecución emprendida contra el funcionario se convirtió en lo que ha sido la mayor y más tremenda represalia pergeñada contra un policía en toda la historia de la democracia española, siendo condenado solo porque José Antonio Serrano Balaguer (nombre y apellidos) cumplió con su inexcusable deber como servidor de la ley y el orden.

Un asunto aparentemente trivial sirvió como excusa para cocinar una tragedia. Algo tan simple como que un policía de paisano se viera sorprendido por una escaramuza en la que al menos una quincena de jóvenes delincuentes le agredieran cuando se encontraba con su hermano tranquilamente en un bar de copas. El agente hizo lo que correspondía a su oficio, deteniendo a los que pudo con auxilio de otras dos personas. Inmediatamente pidió refuerzo a sus compañeros para que trasladaran a los detenidos a las dependencias policiales y levantaran las correspondientes diligencias y el posterior atestado.

La denuncia de los malhechores contra el policía fue archivada de plano por el titular del juzgado de instrucción nº 8 de Barcelona, Carlos Mir Puig, que pocos años después se convertiría en el catedrático de Derecho más joven de toda España.

Sin embargo, la sinrazón y el horror se adueñaron inexplicablemente del devenir procesal de los acontecimientos, sin que el policía José Antonio Serrano ni su hermano supieran de donde provenían esta vez los golpes y desatinos.

Por obra y “desgracia” de la Fiscalía manejada por Mena, recurrieron el auto de archivo del juez Mir Puig, y, llegado el juicio, ocultaron maliciosamente el atestado policial donde se pormenorizaban los hechos, como si nunca hubiera existido tal importante documento oficial. Los hechos que en realidad ocurrieron fueron una escaramuza con lluvia de golpes, amenazas y lesiones a manos y boca de una banda de delincuentes. Pero la mano maquinadora y sombría de una fiscal desaprensiva lo transformó en un fantaseado escenario donde un policía de paisano hacía gala de locura, pistola en mano, deteniendo a continuación “ilegalmente” a un grupo ciertamente numeroso de “honrados” ciudadanos macarrillas que simplemente le estarían “gastando una broma”, como esas que contaba Gila más o menos.

En el escrito de acusación la fiscal Concepción Talón Navarro pedía la monstruosidad de 39 años de prisión para el infortunado policía, que de esta forma quedaría etiquetado con el cartel de culpable para los restos. Enigmáticamente el disparate continuó durante el juicio y se adueñó también de la sentencia. Serrano Balaguer fue condenado a la friolera de 32 años de prisión, que posteriormente se redujeron a seis años por un indulto parcial. El mayor de toda la democracia. Su hermano fue condenado también a dos años de cárcel porque sí.

Ahora, años después de que saliera en libertad, José Antonio acaba de conocer toda la verdad. Han aparecido documentos que revelan que el juicio contra el agente y su hermano fueron un cruel “amaño” bajo soborno del ex fiscal Mena, que se prestó a agradar a un amiguete, jefe de ese mando borrachín que se la juró al desafortunado policía.

Los documentos forman parte de un archivo monumental del que resulta que, el entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, sería sospechoso de haber organizado con cargo a los fondos reservados del Estado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL. La trama se habría dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos. La “eficiente” organización se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa que asesinaba por encargo a cambio de precio (lo que se conoce como “sicarios”.)

En ese macro archivo quedan documentados asuntos gravísimos en una enorme montaña de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie. Mena aparece reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España con cargo a los fondos reservados del Estado. Asimismo aparece su lugarteniente, el sargento Rafael García “Ruiz” de la Guardia Civil, que es dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y ejecutor de las órdenes dadas directamente por Mena.

Los documentos referidos a José Antonio Serrano Balaguer que acaban de aparecer son, en concreto, dos manuscritos aparentemente firmados por un Mena manifiestamente psicópata, que dicen lo siguiente:

“Ruiz: Entrégale esta nota a Guillem Vidal. Es sobre tu colega, un tal Serrano Balaguer, no sé si lo conoces pero lo van a empapelar bien. Es urgente”.

El segundo es la nota que se entregó al entonces presidente del TSJ de Cataluña, ya fallecido, Guillem Vidal Andreu:

Vidal: En la Séptima está el tema del policía Serrano Balaguer. Me interesa que hables con Fernando Valle para que influya en el Tribunal (supongo que (él) será el ponente) para que la sentencia sea lo más dura posible. Que contemple el grado máximo para cada uno de los delitos juzgados y que la inhabilitación vaya también acorde al fallo. Es un tema personal de un alto mando de la Jefatura Superior. Ah! Y que el hermano se vaya también bien servido! Confío en tu gestión. Me he comprometido. P.D. Devuélvele la nota a Ruiz”.

El alto mando de la Jefatura Superior era José Irineo López Rodríguez.

ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, a la vista de la gravedad de los hechos descubiertos, ha tomado cartas en el asunto presentando denuncia contra los tres magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Barcelona que dictaron la sentencia “amañada” contra José Antonio Serrano y su hermano. Se trata de Fernando Pérez Maiquez, ya jubilado, Fernando Valle Esqués, al que hace referencia la nota, también jubilado, y la que fuera ponente de la sentencia, Concepción Sotorra Campodarve, quien hace un par de años dejó la audiencia de Barcelona para trasladarse a un juzgado de primera instancia en Sevilla.

Antonio del Moral García fue el fiscal de Sala que pidió la confirmación de la sentencia de instancia, a sabiendas de su injusticia.

También se incluye en la denuncia a los magistrados del Supremo que dictaron la sentencia de casación, que confirmó la injustísima condena de instancia. El motivo es otro descubrimiento relacionado, ahora, con el ponente de esta segunda sentencia, Joaquín Giménez García.

Este magistrado es uno de los cuatro integrantes de la Sala Segunda del Supremo que ya denunció ACODAP porque habrían sido sobornados a través de sus esposas y luego chantajeados por el propio Mena. Sus votos fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor de Emilio Botín en los procedimientos penales que le afectaban.

En concreto, la nota manuscrita dirigida a Joaquín Giménez, que se escribiría por Mena en el año 2006, decía lo siguiente:

“Compañero: iré directamente al grano. Sólo cuatro líneas para ponerte al corriente sobre aspectos concretos de la querella que Alberto Royuela Fernández ha presentado contra mi persona en esa Sala Segunda. 1- necesito apoyos frente al ponente (Delgado) y el presidente (Saavedra). 2- Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte”.

La querella contra Mena a la que hace referencia el manuscrito se archivó. Lógicamente, y por el mismo mecanismo, acabaría también amañándose la sentencia de casación en el caso del policía José Antonio Serrano, con la connivencia del ponente y la del resto de sus compañeros de Sala, que terminaron confirmando la horripilante y “amañada” sentencia de instancia. Se trata de Siro Francisco García Pérez, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Luis-Román Puerta Luis.

ACODAP acusa a todos estos magistrados y fiscales denunciados de formar parte de la misma organización criminal. En el escrito ha solicitado la detención inmediata del ex fiscal José María Mena,  y del ex fiscal general del Estado Sánchez Melgar.

ACODAP denuncia que la «banda del forense Arimany» sigue operando en los juzgados de Barcelona tras conseguir evidencias

NOTA DE PRENSA

Josep Arimany Manso, conocido en muchos foros como el “Mengele español”, es sospechoso de haber “amañado” (supuestamente) centenares de informes de autopsias sobre fallecimientos por causa violenta. Los hacía pasar por muertes naturales. Existen manuscritos que pueden acreditarlo. Por cada “faena” encargada habría cobrado 2.000 euros.

La bomba estalla a partir de unos vídeos publicados el año pasado en un canal de la plataforma Youtube. Josep Arimany Manso aparecía en ellos acusado públicamente de haber “amañado”, percibiendo sobornos, centenares de informes de autopsias de fallecimientos con causa violenta que hacía pasar por muertes naturales.

Arimany fue el creador y director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña a partir de 2002 y ocupó el cargo hasta su cese como funcionario público el 1 de diciembre 2006, fecha en la que entraba en política.

Los documentos inculpatorios que detallan los sobornos estarían relacionados con un expediente judicial identificado como Indeterminadas/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ese procedimiento, que había sido incoado en virtud de una denuncia anónima, figuraba como imputado el entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, acusado de organizar con cargo a los fondos reservados del Estado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL. La trama se habría dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos. La “eficiente” organización se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa para generar asesinatos por encargo a cambio de precio (lo que se conoce como “sicarios”.)

En esas “indeterminadas” del TSJC habrían quedado documentados asuntos gravísimos recogidos en una montaña de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie. Mena aparece reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España con cargo a los fondos reservados del Estado. Asimismo aparece su lugarteniente, el sargento “Ruiz” de la Guardia Civil, que es dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y ejecutor de las órdenes dadas directamente por Mena.

En ese procedimiento tramitado en el Tribunal Superior de Justicia, Arimany sería llamado a declarar también como imputado al aparecer las notas manuscritas mediante las que se realizarían los encargos para “amañar” los informes de autopsia.

El precio de cada encarguito era de 2.000 €, de acuerdo con los citados documentos. Igualmente constaba en el procedimiento la aceptación de los encargos en letra manuscrita del propio director del Instituto de Medicina Legal que, agobiado por la acumulación de tanto “trabajo”, llegó a firmar encima de plantillas fotocopiadas. Se explica la simplificación del papeleo por la cantidad de sobornos que llegó a recibir, según los vídeos, ingente contándose por centenares.

Sin embargo, a pesar de las abundantísimas pruebas que le incriminaban, en junio de 2020 Arimany denunció por calumnias al autor de esos vídeos ante la policía. Alegaba extemporáneamente que la documentación exhibida por internet era falsa, a pesar de que era la misma que se había incorporado a las “diligencias indeterminadas” instruidas por el TSJ de Cataluña.

El juzgado de Barcelona al que le correspondió la denuncia, casualmente el de instrucción nº 33, la archivó correctamente al no revestir la forma de querella ni haberse acreditado que se hubiera intentado al menos el acto de conciliación, tal y como por lo demás establecen los artículos 125.1 del código penal y 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En la actualidad, asunto importante y fundamental, Arimany Manso ya no es médico forense sino político. Por lo tanto cuando acudió a la policía para denunciar al autor de los vídeos actuaba como particular y no como funcionario. Eso obligaba, como imprescindible, la inexistente querella.

Sorprendente fue que un mes después de que ganara firmeza el auto de archivo, el abogado del denunciante formuló escrito ampliatorio de la denuncia pidiendo medidas cautelares, pero sin recurrir el auto ni formalizar ninguna querella. A pesar de ello la titular de Instrucción 33, Elisabeth Castelló Fontova, no solo admitió irregularmente a trámite la ampliación de la denuncia sin revocar el auto de archivo, sino que además acaba de adoptar recientemente la medida cautelar inaudita parte, sin tan siquiera recibir en declaración al denunciado. Todo un tejemaneje y apaño que se explica por sí solo.

Este comportamiento, como mínimo irregular y sospechoso de prevaricación, evidencia que esa ampliación de la denuncia era en realidad un toque de atención dirigido a la jueza, con el que se trataría de recordarle a ella que ambos, Arimany y Castelló, estaban bogando en el mismo barco.

Empero resulta que la jueza Castelló también estaba involucrada como investigada en las Indeterminadas/2009 del TSJ de Cataluña. De los documentos a los que ha tenido acceso ACODAP se desprende que Mena habría sobornado también a esta jueza del Instrucción nº 33, en ese caso para que le fuera favorable a sus intereses en dos asuntos en particular. Eran dos instrucciones penales en las que era encausado precisamente el que ahora es denunciado como autor de los videos denunciados, Santiago Royuela Samit, de manera que éste sería su tercer encausamiento a manos de la misma jueza instructora, cuestión que la convierte automáticamente en jurista contaminada tangencialmente, según la legislación vigente, y con más que seguros prejuicios en contra de Royuela.

Para entender este incomestible contubernio y la obsesión de Castelló Fontova con el “pluri-investigado” Royuela, debe tenerse en cuenta que el padre de Santiago, Alberto Royuela Fernández, fue el denunciante anónimo que consiguió que se aperturaran las ya famosas Diligencias Indeterminadas/2009, donde se citó a declarar a prácticamente la plantilla completa (toda) del instituto de medicina legal de Cataluña. Todos ellos citados como involucrados en el “amaño” de centenares de informes de autopsia. De ahí el sobrenombre que recibiría en algunos foros su ahora famoso director, apodado el “Mengele español”.

De prosperar la instrucción de esta denuncia de Arimany, sería la tercera represalia prohibida por la Directiva UE 2019/1937 que sufriría Santiago Royuela a manos de la perseverante perseguidora jueza del Instrucción nº 33.

Ahora, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha formulado denuncia contra ambos personajes, Josep Arimany y Elisabeth Castelló, a quienes acusa de formar parte de la misma organización criminal, y para quienes solicita su inmediata detención. Ahí queda eso.